Codicia

Nos enteramos por La Voz del Interior de que legisladores cordobeses presenciaron el sorteo de urnas a auditar en las elecciones del fin de semana pasado en Brasil, aparentemente con vistas a la insólita idea de hacer nuestras elecciones usando urnas provistas y controladas por el gobierno de otro país.

Dicho sorteo es un supuesto mecanismo de seguridad que parece diseñado a propósito para ilustrar lo que en círculos especializados se conoce como “circo de seguridad”: medidas que aparentan estar dirigidas a mejorar la seguridad de un sistema, pero que en realidad no tienen ningún efecto.

Parece que en la ciudad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, hicieron ayer una auditoría de las urnas electrónicas que van a usar en las elecciones de mañana.

Más allá de observar que parecen haberse acordado un poco tarde (¿qué hacían si había impugnaciones, con menos de 48 horas para implementar un plan de contingencia y sin siquiera tener impresas las boletas?), lo notable es que la “auditoría” consistió en simular una elección con unos pocos votos, en una única mesa, con todo el mundo prestando atención todo el tiempo a esa única urna, y sin nadie que hiciera el más mínimo intento de comprometer la integridad de la elección.

Una versión de este artículo fue publicada en el libro “Libres de Monopolios sobre el conocimiento y la vida” de Fundación Vía Libre

Peer-To-Peer #

El costo de publicar y distribuir obras ha sido, durante toda la historia de nuestra especie, uno de los obstáculos más formidables a la divulgación de la cultura y el conocimiento. Tradicionalmente, publicar una obra no sólo era caro, sino también riesgoso desde el punto de vista financiero: es muy difícil determinar a priori si una obra tendrá éxito o no, y por lo tanto es común que muchas obras nunca recuperen la inversión que su publicación requiere. Las dificultades logísticas de tener que distribuir ejemplares físicos actuaban también como obstáculos a la difusión de las obras, que eran difíciles de conseguir fuera de los ambientes urbanos.

Nomen est omen #

Rápido: antes de seguir leyendo, pensá en un libro.

Lo más probable es que ante ese pedido, hayas pensado en algún título, algo estilo “Cien Años de Soledad”, “El Capital” o incluso “Manual Práctico de Electricidad del Automotor”. Estas, y muchas otras, son respuestas tan razonables como incorrectas: esos no son libros sino, respectivamente, una novela, un tratado, y un manual. Estamos confundiendo a la obra con el libro, dos entes de naturaleza y finalidad completamente distintos. Esta confusión es útil a algunos intereses, por lo que vale la pena despejarla, y aclarar la relación entre estos términos.

Un noviazgo auspicioso #

Por muy razonable que a mucha gente le parezca el hecho de que el software esté sometidoEs común leer que el software está “protegido” por derecho de autor. Lamentablemente, quienes usan esa imagen suelen olvidar decir de cuáles riesgos está siendo protegido, y por lo tanto resulta difícil decidir si la protección contribuye a contrarrestar esos riesgos o no. Decir que el software está sometido al derecho de autor refleja más fielmente lo que está ocurriendo: todo software está bajo derecho de autor, independientemente de los deseos de sus autores y usuarios. al copyright,¹ se trata en realidad de una decisión arbitraria, adoptada como resultado de las negociaciones que, en los ‘70, se realizaron para encontrar un marco regulatorio apropiado para los programas de computadora.

Con motivo de la adquisición de Palm por parte de Hewlett-Packard el sitio Technologizer publicó un artículo mostrando patentes que ilustran las ideas que Palm exploró en su historia. El artículo está presentado de una manera muy molesta (hay que visitar 11 páginas distintas para leerlo completo), pero es razonablemente entretenido. Su mayor valor, sin embargo, es que muestra un par de ejemplos de cómo se otorgan patentes antes de que se produzca la invención en sí.

Son muchas las críticas que pueden hacerse al plan del gobierno de entregar una computadora portátil a cada alumno secundario del país, ya sea desde análisis económicos, pedagógicos, logísticos, institucionales y otros. Sin embargo, aún cuando admitiéramos la validez de todas ellas, cuando el polvo se asienta terminamos con una sensación de que algo bueno tiene que salir de todo esto. Al fin de cuentas, ¡estamos poniendo tecnología de cómputo y comunicaciones en manos de millones de estudiantes! ¿Cómo podría ser malo algo así?

Este artículo fue publicado en el blog 911sistemas del diario Crítica de la Argentina el 30 de Julio de 2009. La discusión que allí generó es interesante, también.

El concepto de “piratería” en la industria de los medios es confuso y cambiante. De hecho, el primero en usarlo en este contexto fue Emilio Salgari, quien en una de sus notas de suicidio escribió: “me pasé la vida escribiendo sobre piratas, pero los únicos auténticos piratas que conocí fueron mis editores”. Más tarde, hubo quien comenzó a llamar “edición pirata” a las ediciones comerciales de obras realizadas por editoriales distintas de la que detentaba su monopolio de copia. Hoy pretende aplicarse el mismo adjetivo “piratas” a los individuos que realizan copias de obras bajo derecho de autor, aún sin fines de lucro. En EEUU, desde la sanción de la muy controvertida Digital Millenium Copyright Act, hay quienes quieren expandir el término aún más, para abarcar también a aquellos que produzcan dispositivos que puedan ser usados para violar un copyright, aún cuando el dispositivo sea necesario para acceder a una obra por la que el usuario pagó.

Una vez más Daniel Filmus, el arquetipo del “legislador progre,” nos sorprende con sus declaraciones. Durante su participación en el programa “6 7 8” que se emitió el 10 de junio de 2009 por Canal 7, en el que discutían la desaparición de YouTube de algunos videos de ese mismo programa y cómo esa desaparición constituía un acto de censura, Filmus se despachó con la siguiente perlita (el énfasis es mío, la cita está a partir del minuto 6:15 en el video):

Estuve leyendo, para un artículo en Vía Libre, una decisión de la Corte Suprema de Alemania que declara inconstitucional el uso de urnas electrónicas que se viene haciendo en ese país. La decisión surge de una demanda por parte de dos ciudadanos alemanes, reclamando que las urnas electrónicas son cajas negras que le quitan a la elección su carácter de acto público.

La decisión de los jueces es impecable, pero el relato que hacen en su justificación acerca de la actuación de distintos organismos tiene párrafos indignantes. El peor del grado es el Ministerio del Interior que, defendiendo el uso de urnas electrónicas, no sólo llega a afirmar que “la Ley Electoral Federal le otorga mayor importancia al objetivo de llevar a cabo la elección a tiempo y obtener un resultado en un tiempo breve que a un control público minucioso”, sino que en un momento se despacha diciendo que: